"Está provocando que en algunas comunidades donde se ha puesto en marcha, algunos usuarios se han visto obligados a salir del sistema por falta de recursos. Esto está debilitando el sistema de dependencia que empezamos a construir hace ocho años con la implantación de la ley".

 

Así lo denunciaron ayer en la sede de Afaes en la capital grancanaria: Miguel Ángel Hernández Déniz, secretario de Cermi Canarias y presidente de la ONCE en las Islas; Juan Carlos Hernández Sosa, vicepresidente primero de Cermi Canarias y presidente de Cocemfe; y Andrés Mendoza Cabrera, vicepresidente de Cermi Canarias y presidente de Feafes Canarias.

 

"Las personas con discapacidad son las que están financiando el sistema de la dependencia, y eso no era el objetivo inicial de la Ley", afirmó Hernández Sosa. "Los usuarios pueden aportar pero no mantener el sistema", dijeron a los medios de comunicación según publica 'La provincia',

 

La recogida de firmas se enmarca dentro de la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por el Cermi, contra el copago confiscatorio, para cambiar los artículos 14 y 33 de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que hacen recaer el esfuerzo económico de mantenimiento del sistema en las propias personas en situación de dependencia.

 

A través de esta propuesta solicitan que se exima del copago a los dependientes con ingresos inferiores a los 1.331 euros; que el resto de usuarios no tengan que pagar más del 60% de lo que cuesta el servicio que percibe; y que se respete e 40% de su capacidad económica para gastos personales. "Hay que establecer parámetros de pago al sistema de dependencia en función de las capacidad económica de cada usuario, que sea una aportación reglamentaria, modular y graduar, no que me embarguen el sueldo o la pensión", indicó Mendoza.

 

Los miembros del Cermi en Canarias señalaron que el copago en dependencia en las Islas puede afectar al 15% de la población.

 

"Se estima que el 6,6% de la población canaria sufre discapacidad, lo que supone unas 140.000 personas. A ello se suma los mayores dependientes", apuntaron. El decreto del copago en la Comunidad canaria entró en vigor en enero del presente año, "en los términos más restrictivos del mismo", aunque aún no se ha puesto en marcha.